España, año 2012, la crisis
económica campa a sus anchas y todos los organismos públicos se afañan en reducir partidas y ajustar presupuestos
eliminando gastos superfluos. ¿Todos?, no, hay una institución que se resiste a
apretarse el cinturón, la cámara alta española – el Senado – mantiene el gasto
en traductores para este año, un gasto que en 2011 ascendió a 350.000 euros. De
esta manera los senadores podrán realizar sus intervenciones en euskera, catalán,
gallego y valenciano mientras 25 licenciados en traducción e interpretación
realizan una traducción simultánea al castellano.
El Senado es la cámara de
representación territorial, por ello puede parecer no carente de lógica
que un senador elegido por un territorio concreto utilice la lengua cooficial
de su Comunidad Autónoma. Sin embargo argumentos no ya económicos, sino
jurídicos y lógicos no se compadecen excesivamente con la utilización actual de
las lenguas por parte de los senadores.
Según el artículo tercero de la Constitución
Española, norma suprema de nuestro ordenamiento, todos los españoles tienen el
deber de conocer la lengua castellana. Es decir, todos los senadores han de
conocer el castellano, y de hecho todos lo conocen. Luego si en una asamblea
compuesta en la actualidad por 264 personas, si todas ellas son perfectas
conocedoras de la misma lengua, no parece lógico que se utilicen las que son
desconocidas para la mayor parte de ellos. Y si no resulta lógico mucho menos
resulta económico, ya que para que los senadores puedan utilizar una lengua
desconocida para parte de la cámara en vez de una conocida por toda ella, a los
españoles nos cuesta un buen puñado de euros anuales que bien podrían ser
invertidos en cuestiones mucho más necesarias.
Pero asimismo existe un argumento
jurídico, ya he citado el artículo tercero de la Constitución, pero no lo he
hecho en su totalidad, los españoles no sólo tienen el deber de conocer el
castellano, sino que además tienen el
derecho a usarlo, y ese derecho tiene una doble vertiente, el uso del
lenguaje no solo es activo, sino que también es pasivo, dicho de otra manera,
ese derecho incluye tanto hablar el castellano como escucharlo, no ya hablar en
castellano … sino que te hablen en dicho idioma.
Resulta kafkiano, por no decir
ridículo, ver una sesión parlamentaria en la que el orador está hablando en gallego
y la mayoría de asistentes han de utilizar un auricular por el que les es
traducida la intervención, siendo como es que todos ellos son capaces de hablar
la misma lengua.
El único motivo o explicación que
se puede encontrar es político, la utilización de una lengua como vía de
reafirmación de una opción política o de un territorio concreto, y aquí es
donde entiendo que se produce una perversión de lo que son las lenguas.
Todas y cada una de las doce
acepciones que la Real Academia Española de la Lengua otorga a la palabra
“lengua” carecen absolutamente de matiz político alguno. La segunda de dichas
acepciones nos indica que estamos ante un sistema de comunicación. Las lenguas
nacen para que las personas puedan comunicarse entre ellas, intercambiar información,
opiniones, sentimientos, su uso como refuerzo de una identidad supone una
perversión. Si un grupo de personas capaces de expresarse en diversas lenguas
se reúne, en todo caso se expresaran en aquella que todos ellos puedan
entender, salvo que haya un político entre ellas y la reunión no sea publica,
claro.
Porque de una cosa estoy segura,
ese parlamentario que desde la tribuna utiliza orgulloso y reivindicativo su
lengua gallega ante su compañero andaluz, cuando delante de un vaso de albariño
- en privado - se encuentre en el bar de la cámara con ese mismo parlamentario,
le hablara en castellano, porque entonces lo que le interesará será
comunicarse, no reivindicarse. Le dará al lenguaje el uso para el que fue
concebido, las relaciones humanas, no las políticas.
